Documentos destruidos en el caso Afal

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Trabajadores de la empresa Eulen denuncian que los documentos destruidos por una asistenta social de la residencia de Santo Domingo, estaban relacionados con el caso Afal.

Desde hace varias semanas la fiscalía investiga a una famosa entidad tutelar, Afal Futuro que mantenía un acuerdo con la residencia Eulen Santo Domingo, donde según denuncian algunos de sus empleados una de las trabajadoras sociales ha destruido archivos relacionados con el caso que contenían documentación confidencial sobre pacientes, sus familias y sus tutores, llegando a atascar la trituradora con los documentos destruidos la asistente social del centro tuvo que pedir ayuda para desatascarla y poder seguir eliminando archivos, los trabajadores afirman que los expedientes eliminados databan de 2010 a 2012.

Según fuentes internas de Eulen Santo Domingo en esta residencia han estado ingresados algunos de los pacientes cuyos expedientes están siendo estudiados por la fiscalía, por ejemplo entre 2009 y 2012 María Jesús Moreno incapacitada con demencia y síndrome de Diógenes, que allí redactó supuestamente un testamento manuscrito que está bajo sospecha de haber sido falsificado por la cúpula de la fundación.

María Sánchez, responsable técnica de las residencias de Eulen niega que se hayan destruido documentos y ante las denuncias de los trabajadores argumenta que se sacaron archivos del centro para fotocopiarlos, archivos que según estas fuentes internas jamás volvieron al centro. Por otro lado la responsable de firmar el acuerdo con Afal, Salomé Martín, directora técnica del grupo Eulen no quiere hacer declaraciones sobre los documentos destruidos.

Rafael Núñez, marido de Blanca Clavijo, ha sido suspendido de forma cautelar KPMG Abogados como socio de la empresa,que está investigando para saber si ciertamente es Rafael Núñez, responsable de imputar gastos desorbitados por asesoría inmobiliaria y financiera a algunos tutelados por Afal Futuro, la entidad que gestiona su esposa.

Fuentes de Afal Futuro consideran a Nuñez, el cerebro de la ingeniería financiera que permitió a Afal Futuro desviar fondos del patrimonio de los tutelados a empresas relacionadas con la cúpula de la fundación —o propiedad de sus directivos— a través de seguros, pólizas, compras de edificios o incluso transferencias directas.

Según avanza la investigación de la Fiscalía de Madrid en el caso, mas socios abandonan el barco, incluso Clavijo a anunciado a la directiva de Afal su intención de dimitir en la próxima asamblea de la Asociación que será el día 30 de Junio.

 

2 comentarios en “Documentos destruidos en el caso Afal”

  1. AFAL: los asuntos se pudren porque la Justicia es lenta y no hay un seguimiento constante de los mismos. ¿Alguien sabe qué fue del proceso a Afal, cuya cúpula y otros profesionales y funcionarios fueron denunciados por facilitar testamentos de personas mayores con deterioro cognitivo a favor de la citada Fundación, y la venta de sus bienes para lucrarse? ¿no se necesita la autorización judicial para la venta de esos bienes cuando la persona vive? ¿no se requiere para que se dé esa autorización judicial la falta de efectivo para el mantenimiento de los mayores? ¿cómo, entonces, pueden venderse 3 edificios de una persona mayor con deterioro cognitivo? ¿se necesitaba vender los 3 para mantenerla? ¿cómo autorizó el juez la venta de esos edificios de una sola persona, y la venta de otros bienes patrimoniales de muchas otras? ¿Es que se dan autorizaciones en barbecho sin comprobar?

    ¿Por qué se han mantenido y promocionado en algunos casos a los funcionarios que han intervenido en este caso? ¿cuándo se va a resolver?

    ¿Se han tomado medidas para que las Fundaciones y Agencias tutelares no vuelvan a cometer estos delitos, o simplemente no se aprovechen de los resquicios legales para beneficiarse de los patrimonios de las personas mayores y de su capacidad limitada? ¿Se han tomado medidas para que las mismas realicen un trabajo eficiente, es decir , que no perjudique a los mayores y sus patrimonios por su falta de personal, por sus lentitudes, por su mala voluntad o simplemente porque no llegan, o no pueden llegar a más? ¿Se han planteado que a veces la familia, aunque sea lejana, puede proteger mucho mejor a estos mayores, y ser más eficiente en el cuidado de su patrimonio?

    ¿Se han implementado medidas para mantener informadas a las familias con tiempo suficiente de cualquier medida a adoptar, en lugar de avisarla en el último minuto, dejándola sin capacidad de reacción?

    La Administración pública, en cualquiera de sus ámbitos, en su gestión, es más lenta e ineficiente que las personas, y debería ser residual, pero, eso sí, la ley debería garantizar suficientemente el cuidado de los mayores y de su patrimonio, con eficiencia y lealtad, lo haga quien lo haga, sea una Fundación, o sea una persona física.

    Si nos olvidamos de los casos como este de Afal, nunca se legislará adecuadamente, ni se controlará posteriormente, para evitar que nuevas personas físicas o jurídicas, o Agencias u Organismos públicos, se aprovechen de los más débiles y de sus patrimonios, o simplemente tutelen mal o gestionen inadecuadamente sus patrimonios, con un grave perjuicio para los tutelados, y también en el futuro para sus herederos y legatarios, que también tienen un derecho constitucionalmente protegido.

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